Los dueños del Congreso (2004)

Una clase política insolvente frente a la reelección 

(Fragmento, Grijalbo, 2004)

“A los ojos de la opinión nacional, nada hay tan despreciable como un diputado o un senador... Han llegado a ser la medida de toda la espesa miseria humana”, escribió Daniel Cosío Villegas en 1949.

Veintitrés años después, en su ensayo El sistema político mexicano, de 1972, el politólogo consideró: 

A buen seguro que el mexicano no vería con ojos complacientes un parlamento que (...) formara y derribara gobiernos sin más objeto que demostrar el mayor poder de una fracción sobre otra, con la paralización de toda acción benéfica del Poder Ejecutivo. Es de suponerse que tampoco aprobaría la conducta de un Congreso que mantuviera sin motivos claros y justificados una actitud levantisca contra el Ejecutivo. Pero asimismo es claro que el mexicano medio no aplaude cámaras de diputados y senadores que creen llenar sus funciones con ruidosas ovaciones que le dispensan al Presidente de la República, pues semejante actitud significa renunciar al papel de cooperadores del Ejecutivo y, si el caso llegara, de sus más severos críticos. En todo caso, el mexicano, por lo visto, ha acabado por creer que ha caído en desuso la independencia de criterio, sin contar con que una experiencia larga y hasta ahora no desmentida enseña que la sujeción es mucho más lucrativa que la independencia.

Durante la mayor parte del siglo XX los miembros del Poder Legislativo mexicano renunciaron a sus atribuciones y responsabilidades, depositando la iniciativa de legislar en el Presidente de la República, y confiando a ello, también, el futuro de sus carreras políticas.

En esa renuncia, el país perdió nada menos que un siglo de evolución política. Pero mucho más que eso. Con su silencio ante el monarca sexenal se convirtieron en cómplices de atrocidades como las represiones y persecuciones  de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, en otros casos fueron coautores, como en el genocidio del 2 de octubre de 1968, y en la pauperización de la mayoría de los mexicanos con la aprobación del Fobaproa, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Cómplices silenciosos una veces, coautores activos otras, defensores a ultranza las más, del Poder Ejecutivo, los legisladores mexicanos no atinaron tampoco a transformar siquiera su marco jurídico, de tal suerte que la alternancia de partido en el Poder Ejecutivo los pilló con una estructura interna de los años sesentas.

Justamente en esa década la oposición ingresó a las Cámaras federales, y si bien durante casi dos décadas su papel fue meramente testimonial debido a la aplastante mayoría de la entonces bancada oficial, cuando tuvo los elementos para negociar con el gobierno, en el caso del PAN, remedó la tradición priísta de intercambiar posiciones políticas por votos en las Cámaras, votos que a fin de cuentas daba de todo corazón, pues coincidía en los planteamientos centrales del PRI neoliberal. De ahí la proclamación del "triunfo cultural" anunciado por el presidente del PAN en los años de la modernización salinista.

La oposición de izquierda al régimen priísta apenas en 1989 compactó sus numerosos fragmentos en el PRD. Éste partido no consiguió articular un discurso efectivo y realista, con la fuerza necesaria para impactar en las políticas públicas. Su trabajo parlamentario apenas alcanzó la denuncia. En 1997 llegó con 128 diputados a San Lázaro, diez más que el grupo parlamentario de Acción Nacional en esa legislatura. Sin embargo, no utilizó esa numerosa representación para consolidar un grupo parlamentario fuerte, propositivo, con capacidad de negociación frente a la mayoría priísta. La política de oposición por sistema le daba votos, pero minó considerablemente su capacidad de interlocución con los demás actores políticos.

En su mediocridad, el Congreso vivió sin Ley Orgánica hasta 1979, la cual, como se revisó en el capítulo respectivo, estaba diseñada para ser funcional al régimen vertical priísta. Es decir, vivió con una norma hecha para no funcionar. 

De 1988 a 1999, los legisladores se normaron a través de acuerdos parlamentarios que recogían “prácticas acreditadas por el tiempo”. 

Fue hasta 1997 cuando se reformó por primera vez la Ley Orgánica del Congreso. Disminuir el número de comisiones, de 59 a 40, pues, argumentaron los legisladores, el modelo anterior sólo servía para distribuir las cuotas de poder negociadas al interior del PRI.

En 1999 la Ley Orgánica del Congreso General fue objeto de una reforma más amplia, la cual apenas adecuó los usos y costumbres que venían practicándose en el órgano encargado de dar diseño al andamiaje jurídico de México. 

En ella se decidió reducir el número de comisiones en 23. Pues en el 2000 un acuerdo parlamentario aumentó nuevamente las comisiones legislativas. ¿Para qué? Para distribuir las cuotas de poder de manera más equitativa entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Sin embargo, no existen lineamientos, sin embargo, en esa ley, que determinen criterios específicos para seleccionar al presidente, secretarios y miembros de las comisiones. Por ello, los miembros de comisiones, regularmente integrados a las mismas para defender sus intereses o los de sus patronos, hacen de ellas instancias de usufructo  particular, de diseño y gestión de lo público para fines privados. 

No sólo eso. La Ley Orgánica tampoco prevé un equipo técnico calificado para que las iniciativas se desahoguen con rapidez y profesionalismo, ya sea que se tratase de un cuerpo asesor por comisión o general. Algunos congresos de países africanos, con menor desarrollo, en todos sentidos, que México, cuentan con éste tipo de instrumentos. 

En el caso del Reglamento, data de 1934, e incluye aun prendas como el ordenamiento que pide a los legisladores que a la reunión de congreso general, asistan vestidos de levita negra. Reglamento de debate, no hay. 

Así que la etapa en que el Poder Legislativo se pluralizó y democratizó, entre 1964 y 2000, casi cuarenta años, sus integrantes fueron incapaces de transformar sus estructuras internas, propiamente parlamentarias, para convertirlo en un  organismo con efectividad en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, que le dieran  la legitimidad de su acción,  y no quedara con la siempre perecedera legitimidad electoral. 

Por ejemplo, si el Senado de la República fuera depositario, como es su función, del pacto federal, y existieran reglas, rutas críticas, instrumentos de comunicación institucionales y adecuados con la Cámara de Diputados, es poco probable que hubiese surgido una Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿Para qué?

Antes de la ventolera democratizadora el congreso no legislaba porque cedía su papel al Presidente de la República. Ahora no legisla porque su espíritu independiente ha llegado a tanto, que unos legisladores se independizan de los demás y unos partidos de otros, carentes de sentido de responsabilidad con la nación y con la única pretensión de demostrar que la fuerza de unos es mayor que la de otros.

Cuando se trata de una reforma de carácter constitucional, es evidente que la discusión será más difícil y que, eventualmente, acarreará costos para quienes la aprueben. Pero cuando se trata de una reforma interna del Congreso, ¿qué costos pueden sobrevenir a nivel electoral, que es el rubro que más preocupa a los dueños del congreso? 

Por el contrario, se verían fortalecidos, todos, políticamente. Si no lo han hecho en 40 años de apertura del Poder Legislativo, dicha dilación no tiene otro nombre que mediocridad. 

No es que no haya legisladores responsables, trabajadores, respetables y respetuosos de la República. Pero no forman ni dos puntos porcentuales de la representación entre 1933 y 2003. 

Unos son traficantes de influencias, otros improvisados y frívolos al punto de ordenar la construcción de salas de recreo en las instalaciones del Congreso a cuenta de los contribuyentes. Éste posa desnudo ante las lentes fotográficas para sabrá Dios qué. Aquellos son experimentados en ocupar una curul, pero en el proceso legislativo son legos. Los más son improvisados sin ningún compromiso con nadie: cambian de partido, no vuelven a sus distritos, no asisten a sesiones, abandonan el primer día de su función las Cámaras para ocupar un puesto en el gabinte o para contender por una gubernatura.

¿Cómo reelegir a éstos santos varones? 

Por lo demás, ninguna de las iniciativas que actualmente obran en comisiones de las dos cámaras federales contemplan la eliminación de la vía de elección plurinominal, una fórmula diseñada para los tiempos en que no había competencia electoral real. En estas condiciones, de aprobarse la reelección legislativa inmediata, un legislador que no hubiese cumplido satisfactoriamente con sus funciones, no tendría necesidad de enmendar su conducta para reelegirse, pues le bastaría tener un sitio de privilegio en la oligarquía de su partido para no someterse al escrutinio popular, sino simplemente esperar en el sillón de sus sala a que la elección alcanzase el número de votos adecuados para alcanzar lugar.

Cincuenta por ciento de quienes han llegado el Senado y el 12 por ciento de los que han sido miembros la Cámara de Diputados, se han reelecto entre 1933 y 2003. 

Y de entre quienes han tenido carreras de 18 a 30 años en el Congreso federal no se juntan  ¡10! que hayan repetido en una misma comisión para especializarse en el tema que ésta trata. ¿Cómo creerles que su fin es la experiencia o la profesionalización?

Los congresistas no han dado pasos en ese sentido. Si la opinión pública y la publicada advirtiera la presencia de legisladores serios, responsables, productivos, la reelección inmediata sería no sólo deseable sino, incluso, consecuencia lógica. 

Una reforma integral del Poder Legislativo es el corazón de cualquier hipotética reforma del Estado. Pero pierden días, meses, años, décadas.

Es también un problema del talante de la clase política que reina en México. Los partidos se han convertido en maquinarias electorales para postular a los funcionarios de la administración pública que, para fines prácticos, a principios del siglo XXI son también los dueños del dinero.

Los partidos se han quedado ayunos de ideología. Se confunden ya hasta sus lemas. Y son también empresas familiares de la industria electoral. No hay liderazgos visibles con capacidad comprobable de articular la marcha de éste país en algún sentido. Vicente Fox, en ese terreno, no existe.

Pero eso sí, sus salarios son insultantes, obscenos para un país depauperado, de carreteras parchadas, comunidades aisladas, niños de la calle, pensiones de hambre, asesinatos en serie e impunes, secuestros y desempleo creciente. El promedio de salario mensual de un subsecretario de gabinete federal era, a principios de 2004, de 230 mil pesos, cuando el salario mínimo rondaba los 40 pesos. El de un diputado – local o federal –, ascendía, en promedio, a 110 mil pesos al mes. Y por el estilo. ¿En qué país se sentirá ésta estirpe?

En ese contexto, resultan ridículas las poses de tribunos romanos que los legisladores asumen cuando se les reclaman los conflictos de interés en que se hallan.

De la transformación de todas éstas circunstancias dependen los próximos años. Pero que nadie se exalte, que todo está manos del Congreso.