V. Instantáneas de una estirpe
La hora del Broker
(Fragmento)
En noviembre de 1978, directivos de International Telephone and Telegraph
(ITT) admitieron en Washington D.C. haber entregado sobornos a cambio de
decisiones oficiales en beneficio de esa empresa, a funcionarios públicos de
alto rango y a legisladores de nueve países, entre ellos México[i].
La revelación causó un gran escándalo debido a que esa compañía telefónica era señalada como un instrumento que la CIA había utilizado en el golpe de Estado contra el presidente de Chile, Salvador Allende, en 1973. En México, Telmex, que entonces era una empresa paraestatal, ordenó a Indetel, empresa con 50% de acciones mexicanas, rechazar cualquier equipo de nueva tecnología suministrado por ITT y cancelar las contrataciones previstas para 1980 con esa empresa.
La revelación causó un gran escándalo debido a que esa compañía telefónica era señalada como un instrumento que la CIA había utilizado en el golpe de Estado contra el presidente de Chile, Salvador Allende, en 1973. En México, Telmex, que entonces era una empresa paraestatal, ordenó a Indetel, empresa con 50% de acciones mexicanas, rechazar cualquier equipo de nueva tecnología suministrado por ITT y cancelar las contrataciones previstas para 1980 con esa empresa.
Ese es el dato más certero en la
historia reciente de México sobre actividades de compra de voluntades oficiales
por parte de cabilderos. Pero es improbable que esos sobornos hayan llegado a
manos de legisladores, pues por entonces todas las definiciones de políticas
públicas eran concentradas en las dependencias del Poder Ejecutivo[ii].
Ya en la LIV Legislatura (1988-1991), cuando por primera vez el PRI había perdido la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, la presidencia de Carlos Salinas hizo los primeros intentos de seducción política hacia los legisladores, durante la discusión del Presupuesto de 1990.
Ya en la LIV Legislatura (1988-1991), cuando por primera vez el PRI había perdido la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, la presidencia de Carlos Salinas hizo los primeros intentos de seducción política hacia los legisladores, durante la discusión del Presupuesto de 1990.
El 21
de diciembre de 1989, los 500 diputados mexicanos recibieron en sus oficinas un
reloj Rolex, con la tarjeta personal
del entonces líder de la fracción priísta y presidente de la Cámara baja, Guillermo Jiménez Morales, en calidad
de obsequio navideño. En realidad se trataba de un obsequio presidencial, según
trascendió con los días.
La
discusión sobre el paquete económico pasó a un segundo plano, pues el debate se
enfocó en torno al regalo del Presidente. Avergonzados unos, regocijados otros,
contrariados muchos, los diputados debatían sobre el conflicto que podría implicar aceptar el
regalo.
Francisco Ortiz Mendoza, coordinador del grupo parlamentario del PPS, dijo que "los regalos navideños no son denigrantes para los diputados, ya que los 8 millones de pesos mensuales —de los de entonces— que reciben nuestros legisladores, pasan a poder del partido para beneficio de sus dirigentes y colaboradores".
Napoleón Cantú Cerna, coordinador del grupo neoleonés del PRI, indicó que los 11 legisladores de su terruño recibieron el presente como " parte de la cooperación o retribución que se les da por el desempeño realizado”.
Los senadores habían recibido un reloj menos costoso, quizá porque no intervenían en las deliberaciones del presupuesto. La perredista Ifigenia Martínez vertió consideraciones estéticas a propósito de ello: "No es Rolex, pero es funcional. No cuesta mil 500 dólares, como el de los diputados, sino sólo 400 dólares; no tiene el nombre del legislador grabado, sino el escudo del Senado; no tiene extensible de acero, sino de cuero. Pero, ¿qué más queremos? El nuestro no es de lujo, sino funcional y sencillo".
El coordinador del PRD en San Lázaro, Ignacio Castillo Mena, anunció que los diputados de su partido tendrían una reunión el 27 de diciembre para definir el destino de sus relojes. "Aunque algunos de nuestros legisladores prefieren conservar los relojes y otros devolverlos, el acuerdo de la reunión tendrá carácter obligatorio".
Celia Torres, del mismo grupo, más bien nostálgica rememoró los relojes de otros años: "Eran Alfa Omega, de oro ¡una preciosidad!". Jorge Martínez y Almaraz, diputado perredista, mejor conocido como "El Chale", fue le único que entregó su reloj a la secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Rafael Aguilar Talamantes, diputado del PFCRN, dijo parcamente: "El problema es de quien lo da y quien lo recibe, de nadie más". De hecho, todo el grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), 36 diputados, decidieron irse a sus casas a disfrutar de su Rolex, y no asistieron a la votación del Presupuesto.
Para 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en San Lázaro, distintas decisiones de política económica y sectorial se movieron de modo más claro del gabinete presidencial al Congreso, y los diputados comenzaron a ser objeto de esfuerzos de persuasión tanto por parte del sector privado, como del gobierno federal. No siempre eran técnicos los argumentos de los persuasores.
En 1998 se aprestaba la Cámara de Diputados a votar la propuesta del Ejecutivo de trasladar las deudas del sector privado a las cuentas por pagar del Estado. Mario Di Costanzo, que entonces era un crítico asesor parlamentario del PRD, nos contó, mucho antes de abordar el tema en un libro, cómo persuadió el gobierno de Ernesto Zedillo a los diputados de respaldar esa propuesta.
La noche del 11 de diciembre de 1998, fecha de la votación de la iniciativa que creó el Fobaproa- IPAB, Di Constanzo se encontraba a unos pasos del entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría Ordóñez. “En aquél entonces —relata— yo no era muy identificado entre los legisladores, pues hacía relativamente poco que me había involucrado en el trabajo de asesor parlamentario. A punto de iniciarse la votación, advertí que el diputado priísta Ángel Aceves Saucedo se aproximó al licenciado Gurría y, visiblemente irritado, le increpó, poco más o menos, con las siguientes palabras: “Oye, secretario, ¿cómo es posible que siendo yo quién más ha trabajado entre los miembros de la comisión, mi bono sea igual al de los demás?”.
Se refería, relató Di Constanzo, a los sobornos que recibieron los diputados del PRI y del PAN, miembros de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Gurría le respondió, más sereno, que esas eran las instrucciones que había recibido.
Pero, ¿y se trataba de un bono relacionado con otro asunto? Di Constanzo lo descarta “por la sencilla razón de se trataba de una votación muy polémica y en toda la cámara, en los pasillos, en las comisiones, se sabía que el gobierno estaba comprando votos de los legisladores”.
A partir de entonces no sólo el gobierno, sino numerosos grupos privados, comenzaron a ejercer una gran presión en las Cámaras legislativas federales, donde se definen presupuestos y regulaciones sectoriales. Era el ensanchamiento de la industria del cabildeo, ese conjunto de actividades y gestiones para instalar intereses de terceros, mayoritariamente de orden privado, en las definiciones de políticas públicas.
En enero de 2004 Miguel Ángel Yunes, que entonces era priísta, denunció la compra de legisladores para dejara sin efecto un impuesto al tabaco. “Desgraciadamente hay incluso uno de mi partido, pero en su momento daré nombres”. Nunca los dio.
En julio siguiente, Francisco López Mena, que presidía de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, durante el proceso de cabildeo de una nueva Ley de Juegos y Sorteos que permitiría la operación de casinos, admitió que un grupo de legisladores habían efectuado “giras de trabajo” a desatinos nacionales y a Las Vegas, pagadas hasta el último quinto por empresas interesadas en invertir en ese rubro.
En octubre de 2005 el diputado Miguel Ángel Toscano (PAN) denuncia en tribuna que las empresas trasnacionales Phillips Morris, British American Tobaco y Japan Tobaco han prodigado regalos a los 500 diputados y “al menos veinte” han aceptado viajes todo pagado a distintos destinos internacionales, para dejar a los cigarrillos fuera de los productos gravados con Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).
En su exposición de motivos de una iniciativa que buscaba reformar la Ley General de Salud para restringir los espacios para fumadores y medidas para evitar el consumo de menores de edad, denunció que muchos legisladores “se encuentran comprometidos con la industria al ser apoyados económicamente para llevar a cabo sus campañas políticas”[iii].
A las denuncias contra las poderosas industrias del tabaco y de los casinos, se sumarían con el tiempo señalamientos contra las industrias refresqueras, chatarreras, de radio y televisión, energéticas…
Pero, ¿en serio se pueden comprar?, pregunté en 2006 a Gustavo Almaraz Montaño, ex senador priísta, fundador de la firma de cabildeo Grupo Estrategia Política, y entonces presidente de la Asociación de Profesionales del Cabildeo, atajó tajante: “¡Claro que no!”
Entonces ¿los legisladores piden? Frío. ¿Los cabilderos ofrecen? “Menos —dice el ex legislador—, no sé quién pida, y los empresarios no dan, ¡con trabajos quieren pagar los honorarios!” Se explica: “Es absurdo que alguien quiera comprar votos en el Congreso, por razones éticas, profesionales y económicas… ¡No hay lana que alcance para comprar 128 legisladores! ¿Quién, en su sano juicio, va a querer comprar la voluntad de cuántos? Y yo no sé quién pueda garantizar la votación de un lado o de otro a base de dádivas o dinero. ¿Quieres comprar una bancada entera? Ahora, dijéramos que es un Congreso que tiene líderes muy fuertes y poderosos…”.
El tiempo, en efecto, le daría al Congreso liderazgos tan sólidos como una roca del desierto sonorense. Pero ya por entonces, el Centro de estudios Económicos del Sector Privado decía que en México las empresas gastaban anualmente 12 mil millones de pesos en dádivas a funcionarios, aunque no aclaraba cuántos de esos sobornos eran destinados al Poder Legislativo, cuántos habían sido ofrecidos por los empresarios, cuántos tenían el propósito de eludir trámites o regulaciones.
El gobierno federal, por su parte, comenzó a desarrollar, en el sexenio de Vicente Fox, oficinas de enlace legislativo con funciones de cabildeo, hoy de existencia obligada. La industria de creció y las firmas más exitosas contaban en sus directorios con ex funcionarios y ex legisladores.
Cualquier estimación sobre las ganancias anuales del mercado de cabildeo en México, sin embargo, es mera conjetura, aunque el cálculo de 20 millones de dólares que algunos analistas aventuraban en la primera década de siglo XXI resulta conservadora, por decir lo menos, tras la filtración (El Universal, 14/10/2013) de la tarifa que PriceWaterHouseCoppers (PwC) presentó a uno de sus clientes: 1 millón de dólares por lograr eliminar de la Ley de Ingresos 2014 el gravamen de las ganancias bursátiles y 70 mil por cada entrevista concretada con algún legislador.
Formalmente, PwC vende servicios contables, pero el cabildeo es una de sus ofertas centrales. En México recibió contratos cuestionables de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 3 millones de dólares, durante la gestión de Jesús Reyes-Heroles González, al igual que otros clientes de Structura, cabildera del mismo directivo, entre ellos PwC [iv].
Respecto de la demanda de los servicios, sólo el gobierno federal ha gastó más de 37.06 millones de dólares en servicios de cabildeo entre la administración de Felipe Calderón y los dos primeros años de la gestión de Enrique Peña Nieto, 5.29 mdd anuales en promedio.
De acuerdo con una revisión del autor, en el Portal de Obligaciones de Transparencia del del IFAI aparecían en ese periodo un total de 159 contratos con referencias específicas de cabildeo, lobbying y representación política, así como a servicios colaterales para el cumplimiento concreto de dichos objetivos —comidas, alojamientos, transporte, etcétera, especialmente de legisladores —, fechados entre el primero julio de 2006 y el 30 de octubre de 2013, por un monto de 481 millones 354 mil 945 pesos, que equivalen a 37.06 millones de dólares, un promedio de 5.29 mdd anuales[v].
El 59.76% de esa erogación corresponde a la administración Peña, de modo que habría gastado en 11 meses un tercio de lo que la administración Calderón en cabildeo, a la que corresponde el 40.24% de total.
Los objetivos eran tan variados como la gestión de recursos económicos o materiales para determinada dependencia, seguimiento permanente de actividades de una comisión específica del Congreso, gestiones de compra o venta de activos públicos, asesorías legales que implican intermediación política, redacción de proyectos de ley, estudios, construcción de bancos de datos, “estrechamiento” de relaciones con congresistas, mexicanos o estadounidenses.
Sin embargo, las cifras sobre la inversión gubernamental en cabildeo palidecen ante las que invierte el sector privado, especialmente sus ramas más poderosas, como es la petrolera. Energea/Structura, la ya mencionada empresa de Reyes-Heroles González, la cabildera más poderosa del sector energético en México. Reyes es socio de Morgan Stanley para inversiones energéticas en Latinoamérica. Sólo en un proyecto financiero preliminar para cabildear durante siete meses contratos de transporte de combustible ante la empresa paraestatal que antes dirigía, fechado en diciembre de 2012, planteaba a Celanese Internacional Corporation una iguala mensual de 65 mil dólares, y una cuota de éxito de 7.5 millones de dólares[vi]. Reyes fue también uno de los principales gestores de la reforma energética ante legisladores.
Pero entonces, ¿era vigente o alguna vez había reflejado la realidad la afirmación del cabildero Gustavo Almaraz en el sentido de que a los legisladores mexicanos nadie les ofrecía dádivas para comprar su voto, ni había alguno entre ellos que las pidiera?
Robert Ehrman, coordinador del diplomado en cabildeo de la Universidad Iberoamericana y socio director de la firma de lobbying Dynamis Consultores, pinta una realidad muy distinta:
Francisco Ortiz Mendoza, coordinador del grupo parlamentario del PPS, dijo que "los regalos navideños no son denigrantes para los diputados, ya que los 8 millones de pesos mensuales —de los de entonces— que reciben nuestros legisladores, pasan a poder del partido para beneficio de sus dirigentes y colaboradores".
Napoleón Cantú Cerna, coordinador del grupo neoleonés del PRI, indicó que los 11 legisladores de su terruño recibieron el presente como " parte de la cooperación o retribución que se les da por el desempeño realizado”.
Los senadores habían recibido un reloj menos costoso, quizá porque no intervenían en las deliberaciones del presupuesto. La perredista Ifigenia Martínez vertió consideraciones estéticas a propósito de ello: "No es Rolex, pero es funcional. No cuesta mil 500 dólares, como el de los diputados, sino sólo 400 dólares; no tiene el nombre del legislador grabado, sino el escudo del Senado; no tiene extensible de acero, sino de cuero. Pero, ¿qué más queremos? El nuestro no es de lujo, sino funcional y sencillo".
El coordinador del PRD en San Lázaro, Ignacio Castillo Mena, anunció que los diputados de su partido tendrían una reunión el 27 de diciembre para definir el destino de sus relojes. "Aunque algunos de nuestros legisladores prefieren conservar los relojes y otros devolverlos, el acuerdo de la reunión tendrá carácter obligatorio".
Celia Torres, del mismo grupo, más bien nostálgica rememoró los relojes de otros años: "Eran Alfa Omega, de oro ¡una preciosidad!". Jorge Martínez y Almaraz, diputado perredista, mejor conocido como "El Chale", fue le único que entregó su reloj a la secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Rafael Aguilar Talamantes, diputado del PFCRN, dijo parcamente: "El problema es de quien lo da y quien lo recibe, de nadie más". De hecho, todo el grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), 36 diputados, decidieron irse a sus casas a disfrutar de su Rolex, y no asistieron a la votación del Presupuesto.
Para 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en San Lázaro, distintas decisiones de política económica y sectorial se movieron de modo más claro del gabinete presidencial al Congreso, y los diputados comenzaron a ser objeto de esfuerzos de persuasión tanto por parte del sector privado, como del gobierno federal. No siempre eran técnicos los argumentos de los persuasores.
En 1998 se aprestaba la Cámara de Diputados a votar la propuesta del Ejecutivo de trasladar las deudas del sector privado a las cuentas por pagar del Estado. Mario Di Costanzo, que entonces era un crítico asesor parlamentario del PRD, nos contó, mucho antes de abordar el tema en un libro, cómo persuadió el gobierno de Ernesto Zedillo a los diputados de respaldar esa propuesta.
La noche del 11 de diciembre de 1998, fecha de la votación de la iniciativa que creó el Fobaproa- IPAB, Di Constanzo se encontraba a unos pasos del entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría Ordóñez. “En aquél entonces —relata— yo no era muy identificado entre los legisladores, pues hacía relativamente poco que me había involucrado en el trabajo de asesor parlamentario. A punto de iniciarse la votación, advertí que el diputado priísta Ángel Aceves Saucedo se aproximó al licenciado Gurría y, visiblemente irritado, le increpó, poco más o menos, con las siguientes palabras: “Oye, secretario, ¿cómo es posible que siendo yo quién más ha trabajado entre los miembros de la comisión, mi bono sea igual al de los demás?”.
Se refería, relató Di Constanzo, a los sobornos que recibieron los diputados del PRI y del PAN, miembros de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Gurría le respondió, más sereno, que esas eran las instrucciones que había recibido.
Pero, ¿y se trataba de un bono relacionado con otro asunto? Di Constanzo lo descarta “por la sencilla razón de se trataba de una votación muy polémica y en toda la cámara, en los pasillos, en las comisiones, se sabía que el gobierno estaba comprando votos de los legisladores”.
A partir de entonces no sólo el gobierno, sino numerosos grupos privados, comenzaron a ejercer una gran presión en las Cámaras legislativas federales, donde se definen presupuestos y regulaciones sectoriales. Era el ensanchamiento de la industria del cabildeo, ese conjunto de actividades y gestiones para instalar intereses de terceros, mayoritariamente de orden privado, en las definiciones de políticas públicas.
En enero de 2004 Miguel Ángel Yunes, que entonces era priísta, denunció la compra de legisladores para dejara sin efecto un impuesto al tabaco. “Desgraciadamente hay incluso uno de mi partido, pero en su momento daré nombres”. Nunca los dio.
En julio siguiente, Francisco López Mena, que presidía de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, durante el proceso de cabildeo de una nueva Ley de Juegos y Sorteos que permitiría la operación de casinos, admitió que un grupo de legisladores habían efectuado “giras de trabajo” a desatinos nacionales y a Las Vegas, pagadas hasta el último quinto por empresas interesadas en invertir en ese rubro.
En octubre de 2005 el diputado Miguel Ángel Toscano (PAN) denuncia en tribuna que las empresas trasnacionales Phillips Morris, British American Tobaco y Japan Tobaco han prodigado regalos a los 500 diputados y “al menos veinte” han aceptado viajes todo pagado a distintos destinos internacionales, para dejar a los cigarrillos fuera de los productos gravados con Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).
En su exposición de motivos de una iniciativa que buscaba reformar la Ley General de Salud para restringir los espacios para fumadores y medidas para evitar el consumo de menores de edad, denunció que muchos legisladores “se encuentran comprometidos con la industria al ser apoyados económicamente para llevar a cabo sus campañas políticas”[iii].
A las denuncias contra las poderosas industrias del tabaco y de los casinos, se sumarían con el tiempo señalamientos contra las industrias refresqueras, chatarreras, de radio y televisión, energéticas…
Pero, ¿en serio se pueden comprar?, pregunté en 2006 a Gustavo Almaraz Montaño, ex senador priísta, fundador de la firma de cabildeo Grupo Estrategia Política, y entonces presidente de la Asociación de Profesionales del Cabildeo, atajó tajante: “¡Claro que no!”
Entonces ¿los legisladores piden? Frío. ¿Los cabilderos ofrecen? “Menos —dice el ex legislador—, no sé quién pida, y los empresarios no dan, ¡con trabajos quieren pagar los honorarios!” Se explica: “Es absurdo que alguien quiera comprar votos en el Congreso, por razones éticas, profesionales y económicas… ¡No hay lana que alcance para comprar 128 legisladores! ¿Quién, en su sano juicio, va a querer comprar la voluntad de cuántos? Y yo no sé quién pueda garantizar la votación de un lado o de otro a base de dádivas o dinero. ¿Quieres comprar una bancada entera? Ahora, dijéramos que es un Congreso que tiene líderes muy fuertes y poderosos…”.
El tiempo, en efecto, le daría al Congreso liderazgos tan sólidos como una roca del desierto sonorense. Pero ya por entonces, el Centro de estudios Económicos del Sector Privado decía que en México las empresas gastaban anualmente 12 mil millones de pesos en dádivas a funcionarios, aunque no aclaraba cuántos de esos sobornos eran destinados al Poder Legislativo, cuántos habían sido ofrecidos por los empresarios, cuántos tenían el propósito de eludir trámites o regulaciones.
El gobierno federal, por su parte, comenzó a desarrollar, en el sexenio de Vicente Fox, oficinas de enlace legislativo con funciones de cabildeo, hoy de existencia obligada. La industria de creció y las firmas más exitosas contaban en sus directorios con ex funcionarios y ex legisladores.
Cualquier estimación sobre las ganancias anuales del mercado de cabildeo en México, sin embargo, es mera conjetura, aunque el cálculo de 20 millones de dólares que algunos analistas aventuraban en la primera década de siglo XXI resulta conservadora, por decir lo menos, tras la filtración (El Universal, 14/10/2013) de la tarifa que PriceWaterHouseCoppers (PwC) presentó a uno de sus clientes: 1 millón de dólares por lograr eliminar de la Ley de Ingresos 2014 el gravamen de las ganancias bursátiles y 70 mil por cada entrevista concretada con algún legislador.
Formalmente, PwC vende servicios contables, pero el cabildeo es una de sus ofertas centrales. En México recibió contratos cuestionables de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 3 millones de dólares, durante la gestión de Jesús Reyes-Heroles González, al igual que otros clientes de Structura, cabildera del mismo directivo, entre ellos PwC [iv].
Respecto de la demanda de los servicios, sólo el gobierno federal ha gastó más de 37.06 millones de dólares en servicios de cabildeo entre la administración de Felipe Calderón y los dos primeros años de la gestión de Enrique Peña Nieto, 5.29 mdd anuales en promedio.
De acuerdo con una revisión del autor, en el Portal de Obligaciones de Transparencia del del IFAI aparecían en ese periodo un total de 159 contratos con referencias específicas de cabildeo, lobbying y representación política, así como a servicios colaterales para el cumplimiento concreto de dichos objetivos —comidas, alojamientos, transporte, etcétera, especialmente de legisladores —, fechados entre el primero julio de 2006 y el 30 de octubre de 2013, por un monto de 481 millones 354 mil 945 pesos, que equivalen a 37.06 millones de dólares, un promedio de 5.29 mdd anuales[v].
El 59.76% de esa erogación corresponde a la administración Peña, de modo que habría gastado en 11 meses un tercio de lo que la administración Calderón en cabildeo, a la que corresponde el 40.24% de total.
Los objetivos eran tan variados como la gestión de recursos económicos o materiales para determinada dependencia, seguimiento permanente de actividades de una comisión específica del Congreso, gestiones de compra o venta de activos públicos, asesorías legales que implican intermediación política, redacción de proyectos de ley, estudios, construcción de bancos de datos, “estrechamiento” de relaciones con congresistas, mexicanos o estadounidenses.
Sin embargo, las cifras sobre la inversión gubernamental en cabildeo palidecen ante las que invierte el sector privado, especialmente sus ramas más poderosas, como es la petrolera. Energea/Structura, la ya mencionada empresa de Reyes-Heroles González, la cabildera más poderosa del sector energético en México. Reyes es socio de Morgan Stanley para inversiones energéticas en Latinoamérica. Sólo en un proyecto financiero preliminar para cabildear durante siete meses contratos de transporte de combustible ante la empresa paraestatal que antes dirigía, fechado en diciembre de 2012, planteaba a Celanese Internacional Corporation una iguala mensual de 65 mil dólares, y una cuota de éxito de 7.5 millones de dólares[vi]. Reyes fue también uno de los principales gestores de la reforma energética ante legisladores.
Pero entonces, ¿era vigente o alguna vez había reflejado la realidad la afirmación del cabildero Gustavo Almaraz en el sentido de que a los legisladores mexicanos nadie les ofrecía dádivas para comprar su voto, ni había alguno entre ellos que las pidiera?
Robert Ehrman, coordinador del diplomado en cabildeo de la Universidad Iberoamericana y socio director de la firma de lobbying Dynamis Consultores, pinta una realidad muy distinta:
—Nos ha
ocurrido que llegan a pedir porcentajes en el caso de modificación de leyes. De
manera muy diplomática, porque evitamos entrar en conflicto con un legislador o
un miembro del Poder Ejecutivo, les decimos que se va a consultar con el
cliente. Después le decimos, ¿sabes qué?, no aceptó, lástima… Nunca le entramos
a eso porque tarde o temprano se va a saber. Si te manchas como despacho, y te
vinculan con una práctica de corrupción, de tráfico de influencias, no te
conviene en muchos sentidos. (…) Lo cierto es que ahora hasta nos buscan
empresarios para que cabildeemos ante un legislador que presuntamente les
quiere extorsionar[vii].
[i] Rodríguez, Esteban David, “Maiceada, la compra de voluntades”, El Universal, 2 de enero de 2006.
[iii] Iniciativa para reformar la Ley General de Salud, del diputado, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Diputados N° 1875-IV, México, 3 de noviembre de 2005.
[iv] Rodríguez, Esteban David,
“Jesús Reyes Heroles y socios, magnates gracias a Pemex”, Proceso N° 1932, México, 9 de noviembre de 2013.
[v] Rodríguez, Esteban David,
“Cabildeo industrial, alto costo y escaso beneficio”, mensuario Manufactura, N°225, México, junio de
2014
[vi] Documento Celanese TCX Technology Transportation Fuels
Mexico Project Finance, Preliminary Document for discusion with Mr. Phillip J.
Houm, St Energea S.C.- Confidential, fechado el 7 de diciembre de 2012.
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